Somos la Corporación “Semilla y Memoria” cuyo objeto social principal es: adelantar procesos tendientes a la promoción, prevención, protección y defensa de los DD.HH. y derechos de las personas privadas de la libertad, mediante la realización de acciones legales, de formación y organización académicas y culturales a nivel local, nacional e internacional.

PASACALLE

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jueves, 28 de abril de 2016

DENUNCIA PUBLICA POR VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS A PRISIONEROS POLITICOS EN COIBA – PICALEÑA.

Fotografía tomada del portal www.rebelión.org


La Corporación SEMILLA Y MEMORIA, organización no gubernamental defensora de Derechos Humanos, integrante de la COALICION por el trato digno de las y los prisioneros políticos – LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS; se  permite informar a la opinión pública nacional e internacional, y en especial a aquellas entidades y organizaciones que realizan trabajo de defensa, protección, promoción de derechos humanos, la actual situación que compromete derechos humanos de los prisioneros políticos al interior del complejo penitenciario de COIBA – PICALEÑA.

HECHOS


PRIMERO: En visita de verificación en materia de derechos Humanos que hiciere la CORPORACION SEMILLA Y MEMORIA al interior del establecimiento penitenciario y carcelario de COIBA – PICALEÑA en la ciudad de Ibagué, en lo corrido del mes de Abril del presente año, a través de su personal profesional, se ha informado por parte de los prisioneros políticos anomalías asociadas con las encomiendas y elementos que van dirigidos desde el exterior del complejo carcelario a los prisioneros en general y particularmente a los prisioneros políticos recluidos a lo ancho de la cárcel.

SEGUNDO: Para nadie es un secreto la dureza de la vida en reclusión, donde lejos de obtener la supuesta resocialización plasmada en los códigos penal y de procedimiento penal, se reduce al prisionero a las condiciones  mínimas en materia de dignidad humana, privándosele no solo de su libertad física y de locomoción,  sino también de otra serie de Derechos fundamentales, como el acceso al mínimo vital, derecho a la información, la protección al núcleo familiar, libertad de acceder a bienes materiales con el fin de mejorar sus condiciones de vida, elementos de higiene, de uso personal y hasta medicamentos indispensables para garantizar la estabilidad en materia de salud, derechos todos estos que paradójicamente protege el ordenamiento jurídico colombiano y que en más de una ocasión ha sido denunciado inclusive por organismos institucionales como es el caso de la Defensoría del Pueblo a través de sus informes periódicos y la mismas altas cortes judiciales,  así quedó plasmado en pronunciamiento  de la Corte Constitucional en su reconocida sentencia de estado de cosas inconstitucional al interior de las cárceles del país.

TERCERO: El conjunto de los prisioneros políticos recluidos en los distintos pabellones y bloques que componen el complejo carcelario COIBA – Picaleña, han coincidido recientemente en denunciar ante nuestra corporación la privación a la que son sometidos por el Inpec en relación con las encomiendas de elementos de uso personal, necesarios para el desarrollo de actividades laborales, para el aseo personal, medicamentos indispensables para garantizar no desmejorar su condición de salud, o inclusive elementos de valor simbólico para los prisioneros o sus familiares, que desde afuera y a través de encomiendas, con gran esfuerzo sus familias, amigos y personas solidarias con los prisioneros en general y los prisioneros políticos en particular, dirigen al interior de la cárcel con destino a éstos, sin que sea oportuna la entrega material de los elementos o bienes al correspondiente detenido. No titubean al señalar que en el mejor de los casos las encomiendas tardan hasta más de 15 días hábiles para que lleguen a sus manos, pero que no son pocos los casos en los que tales elementos se pierden en el tránsito de la entrada a la cárcel hasta las manos del prisionero.

 CUARTO: El día 28 de Abril de 2016 ha sido informada la Corporación SEMILLA Y MEMORIA vía telefónica, la decisión adoptada por prisioneros políticos del complejo carcelario COIBA – Picaleña, concretamente personas recluidas en patios de aislamiento de máxima seguridad (P.E.A.S),  ubicados en el bloque 5, de entrar  a partir de éste día en huelga general, con el fin de que el  INPEC resuelva de manera inmediata las irregularidades presentadas,  y en tantas ocasiones denunciadas, con las encomiendas de los prisioneros los cuales han entrado en etapa de desespero dado que sus pertenencias no están llegando a su destino, obstruyendo de esta manera las distintas actividades que en vida de reclusión su impedimento resulta una manera de tortura psicológica para ellos, afectando en consecuencia la dignidad Humana de los prisioneros.

QUINTO: La Corporación SEMILLA Y MEMORIA se solidariza con las acciones emprendidas por los prisioneros políticos en función de lograr la protección de sus Derechos Fundamentales, y a su vez elevamos nuestra voz de protesta y denuncia contra las instituciones autoras y cómplices por acción y omisión, de la continua violación de Derechos Humanos al interior de las Cárceles del País, puesto que a lo largo de los años no muestran interés ni voluntad política para cumplir con los mandatos legales y constitucionales.


EXIGIMOS

Responsabilidad estatal frente a los derechos fundamentales que cobijan a todo ciudadano en general, y particularmente a los prisioneros o quienes se encuentren en condición de dependencia total y absoluta del Estado, a razón de su situación jurídica y humanitaria, por encontrarse  privado de su libertad y en consecuencia recluido en las cárceles del país.


AL ESTADO COLOMBIANO

·   El cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales con relación a la protección, promoción, prevención y patrocinio de los Derechos Humanos, no solo de las personas que se encuentran en libertad sino también de aquellos que por su condición de reclusión dependen absolutamente del Estado Colombiano.

·         En ese orden de ideas que direccione al Inpec resuelva las irregularidades denunciadas y adopte medidas para evitar incurrir indefinidamente en el tiempo en la vulneración de Derechos Fundamentales, máxime cuando está al alcance de esta institución la prevención de las violaciones aquí descritas.

·         Disponer de las herramientas y elementos jurídicos y materiales con los que cuenta el Estado a través de la Cartera del Ministerio de justicia, para intervenir  y resolver los problemas de violación de derechos humanos y además para evitar la continuación de ello.

·    El cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, en beneficio de sus conciudadanos, pues el Estado es una figura jurídica y política creada para el bienestar de todos sus asociados y no solo para garantizar el castigo a quienes no comparten sus lineamientos jurídico – políticos.

·       Inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

·    Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones a los derechos humanos, consagrados en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, los cuales se encuentran sustentados en los hechos de esta acción.

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y PERSONERIA MUNICIPAL.

·         Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, a la dignidad humana, la salud  la seguridad personal,  y la integridad física y psicológica de los prisioneros y de sus familiares, los cuales están
siendo afectados por acción y omisión del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC.

·         Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de esta Acción.

SOLICITAMOS

·     A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

·         En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas Internas y Externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

·     INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, A LA COALICIÓN LARGA VIDA LAS MARIPOSAS Y DEMÁS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS EN RECLUSIÓN, DIFUNDIR LA PRESENTE ACCIÓN Y EXIGIR DEL GOBIERNO Y DEMÁS INSTITUCIONES DEL ESTADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN RECLUSIÓN
                                                                             

·         INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR


·         JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Cauca Bogotá
Fax. 5662071
Fax: (+57 1) 566.20.71

·         GERMAN VARGAS LLERAS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

·         JUAN FERNANDO CRISTO.
Ministro del Interior
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

·         JORGE EDUARDO LONDOÑO
Ministro de Justicia y del Derecho

·         JORGE FERNANDO PERDOMO
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01  - Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00

·         ALFONSO CAJIAO
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91

·         INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección General Calle 26 No. 27-48
PBX (57+1) 2347474 / 2347262 Bogotá – Colombia.

·         ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co

·         OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio TeleportBussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637

·         NOTA: correo electrónico de la corporación semilla y memoria: semillaymemoria14@gmail.com
Ubicada en la Calle 19 No. 7 – 23 del barrio interlaken, 2 piso, Ibague- Tolima





DENUNCIA PÚBLICA Y ALERTA TEMPRANA




Fotografía tomada del portal del Periódico Opa Noticias

Así registraron los medios la Noticia.



La CORPORACION SEMILLA Y MEMORIA, organización no gubernamental defensora de derechos humanos, e integrante de la Coalición Nacional e internacional “Larga Vida a las Mariposas”, por el trato digno y la libertad de los prisioneros políticos; denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, ante las organizaciones políticas y defensoras de derechos humanos; que el día Domingo 24 de abril del presente año,  se llevaron a cabo detenciones masivas de habitantes de la región de la siguiente manera:

Hechos:

1.    El día 24 de abril a las 6:00 AM, el señor Everto Pineda mientras se encontraba en la vereda los pozos zona rural del municipio de Algeciras, es abordado por un sujeto de civil que se le presenta como policía y que lo maltrata verbalmente para que se suba en una camioneta.

2.   Al preguntar el señor Pineda si existe orden de captura en su contra, el mencionado sujeto le indica a su esposa que traiga la documentación del señor.

3.  A su regreso, la mujer del señor Pineda por testimonio de su Nuera la señorita Maritza Pineda manifiesta que mientras buscaba los documentos el señor Everto fue conducido a la fuerza al Batallón de Alta montaña #9 ubicado en zona rural del municipio de Algeciras.

4.   El día 24 de Abril del presente año, El señor Johnsmith Rincón se encontraba en el barrio Abraham Palacio del municipio de Algeciras con su señora esposa Maritza Pineda, cuando es abordado por un policía que se movilizaba en una camioneta, la cual se detiene de forma intempestiva para solicitarle su documentación.

5.  El señor Rincón es maltratado verbalmente por el mismo agente y posteriormente se le informa de una orden de captura en su contra.

6.  De la misma forma en hechos aún por esclarecer, son detenidos los señores José Javier Montaño, Juan Manuel Andrade, Mauricio Jiménez, Ronald Pinilla y Sandra Milena Ávila. 

7.  Al ser capturados, los señores en mención son presentadas a los medios de comunicación como la red de apoyo de alias “el Paisa”, encargados del cobro de extorsiones, sicariato, consecución de material de guerra y fortalecimiento de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC-EP.

Alertamos a la comunidad nacional e internacional de la continuidad del proceso de detenciones masivas por parte de la Fuerza pública en el departamento del Huila, en momentos en los cuales se desarrolla un proceso de paz encaminado a finalizar la confrontación armada. La posibilidad de la existencia de montajes judiciales y la presentación de ciudadanos como insurgentes sin ninguna verdad procesal de tipo penal pone en entredicho la presunción de inocencia de las personas imputadas por el delito de concierto para delinquir con fines extorsivos y rebelión, prejuzgando y generando una imagen negativa ante la sociedad y la comunidad algecireña de los citados ciudadanos.
La Corporación “Semilla y Memoria” demanda la atención nacional e Internacional y solicita el apoyo de organizaciones de Derechos Humanos con el fin de que se pronuncien al respecto y exijan que el gobierno colombiano suspenda las agresiones y persecuciones de las que son víctimas los campesinos de esta región del país.

Recordemos que el control que ejercen estos grupos armados al margen de la ley no debe convertir en responsables a los campesinos, la lógica que establece el derecho internacional humanitario protege a los civiles que no participan de las hostilidades o miembros de cuerpos armados que han dejado de participar en ellas. La desconfiguración del delito político perpetrada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-456 del año 1997, permite que bajo falsos argumentos de colaboración y ayuda muchos campesinos sean hoy judicializados.

SOLICITAMOS:

Se tomen las medidas pertinentes con el fin de que cesen las judicializaciones y persecuciones contra las comunidades campesinas en los departamentos del TOLIMA y HUILA, se respete los Derechos Humanos y se implementen las recomendaciones de los instrumentos internacionales tendientes a la protección de la población civil en medio del conflicto.

Exigimos a las Entidades Estatales se inicien las investigaciones disciplinarias y penales a las que haya lugar por los hechos anteriormente mencionados, y en consecuencia se proteja a las comunidades campesinas.
Al Estado colombiano se le exige la activación de los mecanismos necesarios a fin de garantizar la legítima protección de los derechos humanos y haya reales garantías para ejercer el legítimo derecho de la defensa y el debido proceso.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL:


Se continúe con el seguimiento y los monitoreo frente a la grave situación de derechos humanos y agresión e intimidación permanente a los Defensores de Derechos Humanos y Campesinos, sin que hayan verdaderas y reales garantías para ejercer el legítimo derecho de la defensa y el debido proceso.
Exigir al Gobierno Colombiano una respuesta clara y contundente frente a las investigaciones que se hayan adelantado, en cuanto a las denuncias realizadas.
A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones al Estado colombiano.
A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos emitir cartas de respaldo a la presente Denuncia Pública y acompañar la atención a las situaciones de riesgo de las personas capturadas  relatadas en esta denuncia
RESPONSABILIZAMOS A:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República

GERMÁN VARGAS LLERAS
Vicepresidente de la República

LUIS CARLOS VILLEGAS
Ministro de la Defensa

JUAN FERNANDO CRISTO
Ministro del Interior

JORGE EDUARDO LONDOÑO
Ministro de Justicia y del Derecho

JORGE FERNANDO PERDOMO TORRES
Fiscal General de la Nación

ALFONSO CAJIAO
Defensor del Pueblo

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación

CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA
Gobernador del Huila

AL EJÉRCITO NACIONAL.

Remitimos copia a:
Dr. Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Cra. 8 No. 7 – 26, Palacio de Nariño
Santa Fe de Bogotá- Fax: +57 1 566 20 71

Dr. Germán Vargas Lleras
Vicepresidente de la República
Tels: (+571) 334 45 07, (+573) 772 01 30
E-mail: hernanulloa@presidencia.gov.co

Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No. 15 – 80 Bogotá.
Fax: (+571) 342 97 23, (+571) 284 79 49, (+571) 342 97 23
E-mail: cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.cowebmaster@procuraduria.gov.co, cap@procuraduria.gov.co,reygon@procuraduria.gov.co

Dr. Carlos Franco
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario
Calle 7 No. 5 – 54 Santa Fé de Bogotá
Tel: (+571) 336 03 11
Fax: (+571) 337 46 67
E-mail: cefranco@presidencia.gov.co, derechosmarcha@gmail.com,fibarra@presidencia.gov.co

Dr. Jorge Fernando Perdomo
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22 B No. 52 – 01 Bogotá D.C.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co

Dr. Sergio Jaramillo
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Dirección: Calle 113 No. 7 – 45, Torre B, Oficina 1101. Edificio Teleport Business Park Bogotá, D.C.
Tel: (+571) 658 33 00, Fax: (+571) 658 33 01